Somos un país en crecimiento, que ha sobrevivido a constantes crisis económicas internacionales y nacionales, producto de la capacidad autogestionaria y trabajadora de los ciudadanos, los cuales buscan diversas formas de emprendimiento, dando origen a las micro, pequeñas y medianas empresas.
A diferencia de los países desarrollados, cuyas poblaciones esencialmente dependen del trabajo subordinado al gran empresariado.
Disponemos de una gran cantidad de recursos naturales, muchos de ellos aún no explotados a plenitud, y tenemos como meta para mejorar la realidad económica del ciudadano impulsar la inversión a través de alianzas público-privadas, de esta manera no solo generamos mayor ingreso para los trabajadores, sino también mejoramos la economía de los gobiernos locales donde se desarrollen los proyectos, bajo un sistema que busca la prosperidad mutua.

El proyecto busca garantizar el estado de derecho fortaleciendo la separación de poderes, impulsando un poder judicial libre y autónomo que no dependa del poder ejecutivo.
Con respecto a la libertad nosotros buscamos un gobierno que dé garantías de buenas prácticas gubernamentales donde se gobierne bajo un concepto pro-ciudadano.

Siendo que el estado busca como fin generar bienestar al ciudadano a través de los servicios que se brindan, se adoptará una interpretación expansiva de las normas, dejando la actual, que es de carácter restrictivo.
En relación al empresariado, el estado buscará generar las condiciones más favorables para el libre emprendimiento de capitales nacionales y extranjeros, fomentando las alianzas público-privadas como mecanismo de propulsión de la inversión en las zonas más alejadas del territorio nacional, disminuyendo el riesgo de inversión al asumir un riesgo compartido. Como también buscará la eliminación de las barreras burocráticas administrativas, fortaleciendo las respuestas automáticas a solicitudes vía el principio de inmediación en el sustento de las pretensiones y fortalecimiento de la fiscalización posterior para verificar la autenticidad y veracidad de los medios aportados.

Vamos a repotenciar la imagen de la función pública, haciendo efectiva la lucha anti-corrupción y la implementación de buenas prácticas en los procesos, buscando brindar tratos más amigables y mejores servicios, fidelizando al ciudadano con sus instituciones.

Comprendiendo que el libre mercado es el mecanismo que usa la sociedad en estos momentos, entendemos que toda persona que no tiene un bien que vender o un servicio que ofrecer se encuentra fuera del mercado, es por esta razón que este proyecto promoverá la inversión en capacitación del capital humano, iniciándose desde la currícula escolar que permita la obtención de un grado técnico al momento de finalizar la educación secundaria que le permita al estudiante integrarse al mercado laboral y satisfacer sus necesidades económicas.
El estado impulsará un cambio de percepción social del medio de obtención de riquezas, el cual se basa en la noción del trabajo y ahorro como vía de obtención de riqueza. También se impulsaran las prácticas técnicas, las prácticas pre-profesionales y proyecciones sociales en el sector público, generando una fuerza de trabajo conocedora de la operatividad del sector público.
Impulsaremos políticas laborales de oferta y demanda, donde los trabajadores tendrán la libertad de pactar sus condiciones laborales y salariales de manera libre y voluntaria, tomando como principio la buena fe y voluntad de las partes. El estado velará estrictamente por el cumplimiento de los acuerdos laborales, sancionando con multas a los infractores.

En base a la realidad hemos podido determinar que los gobiernos regionales han sido un fracaso, el espíritu de su creación ha sido totalmente trasgredido y quebrado. Lo que se creó con la finalidad de acercar el gobierno al ciudadano se volvió un medio de obtención de riqueza para organizaciones criminales. En la actualidad tenemos múltiples gobernadores regionales en prisión y un gran número de gobernadores en procesos judiciales por malos manejos.
Hemos pasado de la cultura de los 60, en la que el Perú estaba dividido en 13 familias, prácticamente a estar gobernados por múltiples bandas criminales. Es por esta razón que es necesario replantear la descentralización, por lo cual nuestro movimiento buscará la provincialización, otorgando las mismas facultades que fueron entregadas a 25 gobiernos regionales a los 195 gobiernos provinciales, y los locales donde actualmente funcionan
los gobiernos regionales pasarán a ser oficinas ministeriales descentralizadas.
De esta manera los proyectos provinciales no tendrán que llegar a Lima para recibir evaluación y aprobación.
También se implementarán políticas con los gobiernos locales en materia de fiscalización tributaria, promoción de empleo y fortalecimiento de SERVIR, donde cada gobierno local deberá levantar una base de información con relación a su potencial humano local y un seguimiento del nivel de empleabilidad a fin de que cuando sea necesario reclutamiento privado o público, local o provincial, se use para facilitar el reclutamiento.